Un fallo sobre los Uboat en Argentina

La línea editorial de casi todos los artículos periodísticos era que se estaba cercenando información sobre lo que ocurrió en esos años, generando especulaciones acerca de si habían los submarinos transportado a Hitler (teoría en boga en estos últimos tiempos), si el General Perón se encontraba al tanto de esos inesperados arribos y una lista enorme de interrogantes.

Hace pocos días, la prensa argentina (haciéndose eco la internacional) dio a conocer que un juez negó la posibilidad que el periodista Sr, Abel Basti tuviera acceso a ciertos documentos de la Armada Argentina, referentes a submarinos alemanes que habrían arribado a nuestras costas en el año 1945.

La línea editorial de casi todos los artículos periodísticos era que se estaba cercenando información sobre lo que ocurrió en esos años, generando especulaciones acerca de si habían los submarinos transportado a Hitler (teoría en boga en estos últimos tiempos), si el General Perón se encontraba al tanto de esos inesperados arribos y una lista enorme de interrogantes.

Quizá sin saberlo, los periodistas se estaban quejando que no se estaba aplicando lo normado por el Decreto 232 del año 1992, el cual dejaba “sin efecto toda reserva por "razones de Estado" de documentación relacionada con criminales nazis.” Lo cual, por otra parte, sería razonable. Largos años habían pasado ya de dichos hechos y mal hacía a la imagen argentina seguir ocultando documentos sobre nazis que encontraron refugio en estas tierras.

Pero lo cierto es que el periodista, actor en las actuaciones caratuladas  “BASTI ABEL RICARDO c/ EN-M° DEFENSA-DTO 232/92 1172/03 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”, que tramitaran por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal n° 3, estaba solicitando principalmente cierta información “sensible” sobre la Operación Calypso.

Un poco de historia: esta operación de la Armada Argentina (años 1996 y 1997) intentaba descubrir dos submarinos alemanes que se encontrarían hundidos en Caleta de los Loros (Golfo San Matías). Los mismos, según el informe de “situación” que brindó la Armada en la Orden de Operaciones para las unidades intervinientes, habrían sido vistos por lugareños en una bajamar extraordinaria, así como divisados por un piloto civil en su aeroplano.

Con esos datos, se habían hecho varias pasadas con aviones S-2T Tracker de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina, los que descubrieron dos contactos “fuertes” con su sensor de anomalías magnéticas (MAD), un dispositivo AN/ASQ-10A que se lleva en un “aguijón” que sale de su popa. El mismo detecta variaciones en el campo magnético de la tierra, producidos por material ferromagnético y por ello, resulta útil para descubrir submarinos sumergidos.

S-2T Tracker de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina  Fuente: Armada Argentina

En agosto de 1997, los mismos fueron visitados, por decirlo de alguna forma, mediante buzos embarcados en Avisos de la ARA (Gurruchaga, Irigoyen y Comodoro Somellera), en todos los casos con resultados negativos: no eran submarinos.

Lo que el Sr. Basti, entonces, requería, era, según su misma demanda “los informes magnetográficos del área relevada por los aviones, en partículas, las mediciones de los puntos MAD detectados (coordenadas exactas y el registro continuo de mediciones)” así como sus interpretaciones, conclusiones y análisis en base a dichos datos.

La Armada Argentina, con alguna razón (y aún cuando dejó de contestar la demanda), vió un secreto militar en dicha información. Como surge del lúcido alegato (un escrito presentado al haber ya finalizada la etapa probatoria, donde se meritúan las pruebas antes de dictarse sentencia) de esa parte “la información que solicita la actora no tiene más de 60 años, fue realizada con medios que actualmente la Armada Argentina tiene en servicio.”   

En el mismo alegato también se lee que “si bien las características generales de los sistemas utilizados para el “barrido del fondo marino”, es decir para detectar las anomalías magnéticas, son conocidas en la literatura especializada en el tema, los “ajustes” que realiza cada Fuerza Armada para la identificación de submarinos enemigos es un proceso secreto en todos los países del mundo.” 

Y, por ello, la Armada consideró “que mediante técnicas de lo que se denomina “ingeniería inversa”, personal capacitado de otros estados podrían identificar las capacidades actuales que tiene la Armada Argentina para la lucha antisubmarina.”

La sentencia, que es pasible de apelación por el perdidoso, se hace eco de ello. 

Señala que el actor no ha rebatido los argumentos que oportunamente se le dieron al negársele dicha documentación específica, por considerarla clasificada en razón de un secreto militar.

Es decir, el fallo cuestionado por la prensa no cercena la posibilidad de conocer la historia argentina, sino que impide divulgar una capacidad técnica actual de la Armada Argentina. En ese sentido, resulta acertado.

Sin embargo, también llama a reflexionar acerca del pobre sistema de acceso a la información pública, tanto por la carencia de legislación idónea (aún cuando en los últimos años hubieron pasos importantes en la materia), así como por el escaso conocimiento de las instituciones del estado sobre los derechos de los particulares respecto a esa información. En tal sentido, nuestras simpatías son para el Sr. Basti.

Por Mariano Sciaroni (Abogado y Magister en Estrategia y Geopolítica)