En una fase en la que, en lugar de acercarse, los Estados de América Latina parecen fragmentarse en una ola de hostilidad más o menos profun...
Introducción: de los años noventa a 2003
Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela han registrado una disminución casi constante de los gastos militares, tanto en términos de millones de dólares como en relación al PIB, en el período incluido entre el fin de los años 80 e inicio del siglo en curso.
Buenos Aires, que destinó 1,05% de su PIB en 1989 a inversiones para las Fuerzas Armadas, después de una fase de crecimiento entre 1990 y 1993, en 2004 sólo dedicó 1,02%, bajando de 2.550 millones de dólares a 1.503.
Una parábola parecida la ha cumplido el ejecutivo brasilero, que contrajo las subvenciones al ejército en casi 2.500 millones de dólares, reduciendo el porcentaje del PIB dirigido al sector del 2,5% al 1,06%. También en línea con esta tendencia, Uruguay, que ha recortado casi 100 millones de dólares y ha reducido sensiblemente la cuota de gastos destinada a los militares, pasando del 2,2% al 1,06% y Venezuela que redujo, a partir de 1991, en casi 500 millones de dólares las inversiones para la defensa, que constituyeron, en 2004, algo más del 1% del PIB.
Ecuador, Colombia y Perú, en cambio, han incrementado sus gastos militares tanto en términos monetarios como porcentuales.
El Gobierno de Quito desde 1988 ha casi duplicado las inversiones en el sector, que han crecido de 368 millones de dólares a más de 640 en 2003, aumento que se refleja bien en el porcentaje del PIB destinado a los militares, del 1,09% al 2,04%.
Aún más evidente es el caso de Lima, cuyos fondos subieron de 125 millones en 1989 a 775 en 2003 y el porcentaje del 0,9% al 2,04%. Bogotá, por su parte, ha más que triplicado su empeño financiero: en 1998 este gasto no superó los mil millones de dólares, igual al 2% del PIB; en 2004, (gracias también a una asignación extraordinaria para el bienio 2002-2004 de 2,6 mil millones de pesos, más de 1.000 millones de dólares) pasó a 3.655 millones de dólares, cerca del 4,4% del PIB.
Paraguay, Bolivia y Chile ven una discrepancia entre los datos monetarios y aquellos porcentuales, justificables con el aumento-disminución del PIB. En efecto, el ejecutivo de Asunción, que ha reducido incluso en más de 25 millones el presupuesto de las Fuerzas Armadas, ha mantenido inalterado el porcentaje de gastos en relación al PIB, 0,8%. Esto porque en el período entre 1988 y 2003, los años de referencia, el crecimiento ha tenido una fase de estancamiento que ha reducido la producción interna del 4,7% al 2,6%.
Una tendencia inversa se ha podido observar en cambio por parte de los Gobiernos de La Paz y de Santiago: ambos han incrementado las inversiones militares, pero sin grandes repercusiones sobre la cuota de PIB destinada a tales gastos.
En Bolivia, el ejército ha podido beneficiarse de más de 50 millones de dólares adicionales, de 90 millones en 1989 a 141 millones en 2004: con respecto al PIB, el porcentaje se ha mantenido en el 1,07%, ya que, en el arco de 15 años, el Estado ha vivido una fase de rápido desarrollo que ha llevado la producción nacional de 4,7 mil millones de dólares en 1989, a más de 8,8 en 2004. Así, también los ingentes fondos asignados para la Defensa han sido reabsorbidos cómodamente por la economía.
Una situación parecida es aquella chilena, en donde el Estado ha aumentado los gastos de modo sensible, de 1.704 millones a más de 3.200, reduciendo, sin embargo, la cuota de subvenciones estatales con relación al PIB, el que, en el curso de los últimos años, ha visto un crecimiento exponencial, de 28,4 mil millones de dólares en 1989 a 94,1 en 2004. Además debe tenerse en cuenta que buena parte de las partidas son financiadas por la Compañía Nacional de Cobre (CODELCO), que ha incrementado sus depósitos, en el año 2004, de más del 143%, gracias al alto valor del metal en el mercado internacional.
Con el fin de las dictaduras militares, en muchos Estados latinoamericanos se ha puesto el problema de someter el ejército al poder ejecutivo civil. A menudo, para hacer aceptar tales imposiciones, muchos presidentes se han visto "obligados" a recompensar a las Fuerzas Armadas nacionales con mayores subvenciones e inversiones, como en el caso de Raúl Menem, que, mientras por un lado intentó encauzar la influencia de los militares, por el otro les concedió beneficios políticos (leyes sobre la impunidad in primis) y conspicuas financiaciones a sus correspondientes cuerpos, como muestra el pico de gastos militar sustentados por Argentina durante el período en cuestión, que alcanzó 1.800 millones de dólares, la cifra más alta de los últimos 20 años. Otra solución, siempre lanzada por el Gobierno de Buenos Aires, pero poco seguida por los ejecutivos colindantes, ha sido la eliminación del reclutamiento forzoso, aprobado en 2001. Por ahora, sin embargo, sólo Bolivia ha seguido parcialmente esta línea, aunque de modo insólito y con repercusiones no siempre positivas a nivel de tutela de los menores. En efecto, según la ley, la leva es voluntaria para los que han alcanzado los 18 años, pero, en caso de que no se alcance el quórum mínimo de soldados, los faltantes son reclutados obligatoriamente, inclusos, si es necesario, entre los menores de 16 años: en 2004, el 40% de los soldados bolivianos eran menores de 18 años, y de estos, el 40% no había cumplido los 14 años.
Todas las demás naciones de la región, al contrario, han mantenido en vigor el servicio militar tradicional, pero esto no ha impedido que el número de soldados haya disminuido en muchos países de manera constante.
En Argentina, los reclutas, cuyo número estaba bajando sensiblemente desde antes de la abolición de la servicio obligatorio, han pasado, en el periodo incluido entre 1990 y 2003, de 85 mil a 71 mil; aún más notable es la reducción de las Fuerzas Armadas brasilera, reducidas en el mismo intervalo cronológico, de 295 mil a 288 mil. Chile ha seguido el mismo recorrido, llevando el ejército a 77 mil unidades en 2003, de los 95 mil a principios de los años 90’s. En contraste con el aumento de los gastos militares, también el Gobierno de Lima ha visto una fuerte disminución del número de soldados, reducido en más de 25.000 personas en los 13 años de referencia, pasando de 125 mil a 100 mil. Uruguay no ha visto grandes cambios, si no una leve disminución de las Fuerzas Armadas, pero de entidad irrelevante, reduciendo en 1.000 su número durante los últimos 15 años, tratándose en todo caso de una cifra que no incide particularmente sobre el total de militares (24.000). En neta contra tendencia, se encuentran Bolivia, Paraguay, Colombia, Ecuador y Venezuela.
Las primeras dos naciones, sin embargo, han tenido un crecimiento irrelevante de sus reclutados, de 2000 y 3000 unidades respectivamente entre 1990 y 2004. Coherentemente con el aumento de las inversiones del ejército, en cambio, Colombia, que en el bienio 2002-2004 se concentró particularmente sobre el problema de la Defensa, aumentó en más de 90.000 unidades su plantilla, pasando de los 110.mil soldados de los primeros años 90’s a 200 mil en 2004. Ecuador, de igual manera, ha visto un crecimiento de más de 7.000 militares que tiene un peso importante sobre un Ejército de algo más de 55.000 personas. El Gobierno de Caracas ha tenido un aumento numéricamente afín al de Quito, llevando a las Fuerzas Armada venezolanas a alcanzar las 82.000 personas en 2003, frente a las 75.000 de algo más de 10 años antes.
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2004-2006: conflictos en curso
A pesar de que los distintos ejecutivos hayan resaltado a menudo en los últimos años, la intención de dar un "salto de calidad" hacia una unión de connotación política (siguiendo el modelo del UE), la cohesión del área se ha ido poco a poco diluyendo.
Argentina y Brasil, aunque hayan recobrado parcialmente sus relaciones, tras la fuerte tensión de 2001, cuando el Gobierno brasilero devaluó el Real, arriesgando de hundir la comprometida economía bonaerense, siguen compitiendo entre ellos por la supremacía de la región. Ambos países aspiran a convertirse en la guía del Mercosur y líder del subcontinente, pero precisamente esta ambición los hace antipáticos a los Estados llamados menores, in primis Paraguay, que es visto con sospecha por la izquierda suramericana debido a sus estrechas relaciones con EE.UU. Uruguay, por su parte, apoya las instancias y las protestas de Asunción, recalcando sobre las penalizaciones a las que las dos naciones serían sometidas, y se encuentra desde hace un año en conflicto con Argentina por la construcción de dos fábricas en Entre Ríos, territorio de frontera entre los dos Países.
Chile, a su vez, debe desatar dos nudos importantes de vieja data: la concesión del pasillo del Atacama a Bolivia, que para el Presidente Morales es un punto indispensable para la economía, y la salida sobre el mar de Perú. A esto se agregan tensiones más recientes, entre las cuales la cuestión de la nacionalización de los hidrocarburos por parte de La Paz y las controversias políticas con Lima por el proceso en Santiago al ex - Jefe de Estado, Alberto Fujimori.
Colombia, además de deber enfrentar a la guerrilla interna de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y del ELN, (Ejército de Liberación Nacional), se encuentra “a las manos" con Venezuela, tanto por la sospecha del apoyo dado por este a los rebeldes, como por las presuntas injerencias de Hugo Chávez en la campaña electoral colombiana. Esta acusación también le es dirigida al mandatario de Caracas por el Jefe de Estado peruano, Alejandro Toledo, que lo tacha de haber respaldado a Ollanta Humala, presentado como candidato de izquierda a las presidenciales de 2006. Lima dirige la misma crítica a Evo Morales, con tonos aún más encendidos, al punto de rozar la ruptura de las relaciones diplomáticas y la retirada sus delegaciones en La Paz. Bogotá, además, ve debilitarse progresivamente también las relaciones con el vecino Ecuador: la primera señal se tuvo al momento de la detención del ex-jefe de Estado ecuatoriano Lucio Gutiérrez, protegido por el Presidente Uribe, y se ha agravado cuando el nuevo Jefe de Estado Palacio ha denunciado que aviones colombianos habían violado el espacio aéreo ecuatoriano sobrevolando sobre su país. A estas tensiones se suma luego la fractura política de la alineación, sustancialmente repartida entre Estados filo-estadounidenses y no. Al primer grupo pertenecen Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay y parcialmente Ecuador (que parece estar cambiando de ruta); al segundo, Argentina, Chile y Brasil, aunque con una connotación más diluida con respecto de Bolivia y Venezuela.
Este fragmentado contexto, por lo tanto, podría dar, hipotéticamente, vida a conflictos fuertes: la pregunta si esto podrá ocurrir parece ser cada vez más apremiante.
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Argentina y Brasil: el desafío por el liderazgo
Buenos Aires y Brasilia tienen una larga tradición de competición por la primacía regional. También ha habido fuertes momentos de tensión entre los dos Gobiernos, acentuados por la rivalidad económica y la coyuntura financiera, que ha favorecido inicialmente al erario brasilero.
Desde 2002, en cambio, las relaciones se han normalizado y progresivamente extendidas, aunque se mantenga una competencia por el liderazgo en el subcontinente. Los gastos militares y sobre todo el despliegue de las Fuerzas Armadas parecen confirmar esta tendencia de acercamiento y hacen excluir no sólo la posibilidad de un conflicto entre las dos Naciones, sino también con terceros Estados del área.
Brasil siempre ha mantenido las inversiones para la Defensa entre el 0,3%, en 1993 y el 1,06%, en 2005, con respecto al PIB. Las recientes erogaciones (1.342 millones de dólares), aunque lo ubiquen al tercer puesto en América Latina en subvenciones al ejército, no pueden ser consideradas una prueba de rearme. La mayor parte de los fondos, en efecto, será utilizada para sustentar el SIVAM (Sistema de Vigilancia de la Amazonia), un programa surgido en la primera mitad de los años 90’s y que ha absorbido buena parte de los recursos erogados por la Defensa. Ya desde su principio, el Estado ha invertido mucho tanto en términos económicos (1.55 mil millones de dólares sólo para su lanzamiento), como de investigación (el proyecto se vale de avanzadas tecnologías radar y de comunicación), y de despliegue de fuerzas (cuarteles en Tabatinga, Rio Branco, Sao Gabriel, Boa Visa y Macapá). Otro elemento peculiar, y desfavorable a la tesis de un posible conflicto, es el la tarea conjunta entre ejército y Policía Estatal y Federal, ocupada en la lucha a la micro criminalidad y al tráfico de armas y drogas. Debido a que la Policía se encuentra muchas veces mal equipada para responder a estos fenómenos, muchos militares han sido cooptados en funciones de mantenimiento del orden y respeto de la ley, apartándolos por lo tanto de objetivos puramente bélicos.
Un discurso parcialmente parecido, aunque con algunas sustanciales diferencias, puede ser hecho para Argentina. El ejecutivo de Buenos Aires, víctima también de la crisis económica que ha reducido los recursos a su disposición, ha mantenido un bajo perfil en los gastos militares, que han quedado casi constantes sobre el 1% del PIB. Para 2005, el presupuesto ha sido casi irrisorio, algo más de 80 millones que dólares, y también para la fase de transición y reestructuración de las Fuerzas Armadas, que, estando bajo el mando del Ministerio de Defensa, deberían ser reorganizadas según los cánones de un moderno Ejército profesional.
Hasta 2004, buena parte de las inversiones ha sido utilizada para adquirir armamentos, principalmente de Estados Unidos, medios para el transporte de tropas, aviones y barcos para el control de las costas, pero en los últimos dos años el Gobierno parece haber canalizado un amplio porcentaje, el 80% según las declaraciones oficiales, a la reestructuración del ejército antes que hacia su rearme. Otro elemento distintivo de la política argentina de los años noventa, todavía en curso, es su proyección hacia el exterior en las llamadas operaciones de peacekeeping, que han visto a las tropas argentinas intervenir, a menudo junto a EE.UU., en las misiones de Haití, Timor Oriental, Bosnia y Kosovo.
Un gran interrogante sobre las relaciones entre Argentina y Brasil es, desde hace mucho tiempo, el desarrollo atómico: se temió en efecto una carrera nuclear, debida también a la reticencia con la que los dos países han adherido a los tratados internacionales en materia, y a la fuerte competición entre los dos ejecutivos. Pero también en este sentido los temores hoy parecen infundados. Ambas naciones han ratificado los acuerdos y permitido la visita de los inspectores de la AIEA, y la tensión regional ha disminuido drásticamente al punto que existe un proyecto de intercambio de trabajadores, gracias al que los empleados de los establecimientos brasileños están al corriente de las tecnologías argentinas y viceversa. Actualmente ninguno de los dos Gobiernos parece decidido realmente a armarse con la Bomba Atómica, aunque en los años 80`s fuera el objetivo de las investigaciones.
{mospagebreak_scroll title=¿Chile se rearma, Bolivia y Perú se quedan mirando?}
¿Chile se rearma, Bolivia y Perú se quedan mirando?
Santiago siempre ha invertido mucho en defensa, también tras el fin de la dictadura de Pinochet, gastando en media más del 3% del PIB para las Fuerzas Armadas. En 2005 se ha llegado a más del 4% en una operación de más de 2,8 mil millones que dólares, dedicada al completo "rediseño" del ejército.
Al término de este proceso, los militares chilenos gozarán de la mejor tecnología del subcontinente y los armamentos más a la vanguardia: entre las recientes adquisiciones se observan tanques Leopard 2 A4, fragatas, submarinos, aviones F-16, bombas de mira láser y sistemas de localización, todas encaminadas a reemplazar a los medios anticuados.
Tal programa de rearme, iniciado de modo macizo desde 2002, no pudo evitar despertar preocupaciones y dudas, principalmente en los dos vecinos-rivales: Bolivia y Perú. Las nada fáciles relaciones sobre las fronteras han hecho hipotizar a muchos analistas sobre el riesgo que las operaciones chilenas sean desarrolladas en la óptica de un posible futuro conflicto, pero la teoría parece no sostenerse al examen de los datos.
En primer lugar, el ejército boliviano está compuesto sólo por voluntarios, parte de los cuales son menores de 18 años y hasta menores de 16, equipado con armamentos viejos y que no ha invertido nunca particularmente en la modernización de los armamentos (si se excluyen los últimos meses en los que los contactos con Chávez hicieron suponer un traslado de armas desde Venezuela), mientras que el Gobierno destina algo más del 1% del PIB a la Defensa. El número de los efectivos que han elegido la carrera en las Fuerzas Armadas no supera a los 20.000 hombres, frente a los más de 55.000 chilenos; el Estado además, prácticamente carece de una marina y de una aviación moderna y eficiente.
El discurso sobre el Perú no es muy diferente: a pesar de que las inversiones hayan aumentado hacia finales de los años Ochenta, cuando constituyeron el 0,2% del PIB, se mantiene en todo caso una cuota baja de los gastos nacionales (1,2% del PIB), en línea con la media de las Naciones colindantes, a excepción del susodicho Chile. Un parcial intento de modernización del apartado militar ha sido hecho en el arco de tiempo posterior a 2004, durante el cual fueron adquiridos algunos aviones, principalmente para el transporte de tropas, helicópteros y medios de tierra, (especialmente para la lucha al narcotráfico). Sin embargo, el Gobierno se ha concentrado más sobre la gestión de los militares por parte de la sociedad civil que sobre el equipamiento de los mismos: a partir de 2001, en efecto, ha sido encaminado un proceso para someter definitivamente el mando del ejército al poder estatal.
Considerando por lo tanto las dimensiones y los equipos de los militares bolivianos y peruanos, resultan difícil apoyar la tesis según la cual Chile se estaría rearmando en el temor de un ataque por parte de sus vecinos, en cuánto, aún antes de las recientes adquisiciones, la superioridad numérica y de armamentos da una ventaja en todos los campos a Santiago.
Las motivaciones parecen ser principalmente otras, y ligadas al papel que Estados Unidos querrían jugar en el área.
La presidenta Bachelet ha desarrollado, hasta ahora, una política guiada sobre un doble filón: por un lado, el acercamiento con los Gobiernos de izquierda actuales, entre ellos la Bolivia de Morales; por el otro, el mantenimiento de buenas relaciones con Washington. La Casa Blanca está tratando, desde hace tiempo, de constituir un tipo de avanzada en el subcontinente: significativo en este sentido fue el envío de militares a Paraguay, con el objetivo declarado de adiestrar al ejército local, pero, según muchos, con la intención de monitorear la Triple Frontera y a crear una verdadera base en el territorio paraguayo.
Vista desde esta óptica, la venta de armas a Chile por parte de Estados Unidos adquiere un sentido importante: muchos analistas, en efecto, afirman que de este modo EE.UU. está buscando un aliado fuerte en la región suramericana, (vista desde siempre con interés, pero con aprensión tras las elecciones de Chávez y Morales), capaz de proveer bases y medios en caso de necesidad.
Los datos, y sobre todo el contexto regional, a pesar de las tensiones existentes entre los distintos Estados, inducen a excluir la posibilidad de un conflicto interno, mientras que parece más probable la existencia de una estrategia político-militar de la administración conducida por George W. Bush, dirigida a controlar los acontecimientos de Suramérica y a garantizarse la posibilidad de intervención en caso de necesidad. Además, Chile ya ha tenido, con éxito, este papel durante la guerra de las Falkland/Malvinas, cuando el ejército británico podía disfrutar, a nivel logístico, militar y de abastecimientos, del apoyo de Santiago.{mospagebreak_scroll title=Colombia y Venezuela: la distinta relación con Estados Unidos}
Colombia y Venezuela: la distinta relación con Estados Unidos
Las inversiones en Defensa del Gobierno de Bogotá han sido, ya desde finales de los años ochenta, levemente superiores a la media regional, certificándose sobre más del 2% del PIB. Pero un gran salto cuantitativo ha sido dado en el bienio 2002-2004, durante el que la cuota destinada a las Fuerzas Armadas subió al 4,4% del PIB. Esto gracias a una sustanciosa inyección de fondos por parte de EE.UU., que han financiado el sector militar con más de 2,6 mil millones de pesos, destinados casi exclusivamente al Plan Colombia. El proyecto, que tiene como objetivo oficial la lucha al narcotráfico, ha sido acordado y aprobado en 1998, por el entonces Jefe de Estado Andrés Pastrana y ha significado a las arcas del erario colombiano más de 1.000 millones de dólares. Desde ese momento mucha atención ha sido puesta sobre el traslado y equipamiento del ejército, necesario para el logro de los objetivos puestos por el plan y para la lucha a la guerrilla. Colombia, en efecto, es el Estado latinoamericano con el contexto interno más atormentado e inestable: 38 años de guerrilla han lacerado el tejido social y económico de la nación, las etnias indígenas siguen sin sentirse parte de la población y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) sólo recientemente parecen haber optado por el diálogo con el Gobierno.
Dadas estas premisas no es de asombrar que casi todas las adquisiciones del ejecutivo en materia militar hayan estado, desde 1990, dirigidas a modernizar y reforzar las tropas, para hacerlas principalmente incisivas en las acciones sobre el territorio. Helicópteros, in primis, medios de transporte para las tropas de tierra y aviones; de los cuales 34 sobre 44 han sido importados desde EE.UU., el que, sin embargo, ha decidido no sólo subvencionar sino también participar activamente en el Plan. Y es en este punto en el que la colaboración Colombia-Casa Blanca, ya vista con cierta sospecha por los Estados de la región, ha asumido, según sus críticos, una valencia claramente negativa. La presencia de los militares americanos, unida a la generosidad del Gobierno de Washington, es vista con un triple objetivo: por un lado, garantizar un mínimo de estabilidad interna en el país, cuyos recursos minerales, naturales y petrolíferos lo convierten en una fuente energética de relevancia mundial. Por otro lado, de asegurarse, como en el caso de Chile, una avanzada en el subcontinente. En fin, según los que ven como objetivo de la política norteamericana en Suramérica el mantenimiento de la división en la región para englobarla dentro del área de influencia de EE.UU., un modo para garantizarse un ejecutivo complaciente, lejos de los "peligrosos" giros a izquierda de Bolivia, Brasil, Argentina y Venezuela.
Y precisamente este último Estado parece ser aquel en más clara contra tendencia con respecto del vecino filo-estadounidense, en particular después de la llegada al poder del Presidente Hugo Chávez.
En realidad, más allá del giro ideológico señalada por las consultas de 2000, a nivel de inversiones en Fuerzas Armadas, poco ha cambiado respecto al período anterior, quedando el porcentaje del PIB destinado al sector militar siempre alrededor del 1%. Así, no se puede hablar de un giro bélico del nuevo Jefe de Estado, que, al contrario, ha reducido, si comparado con el principio de los años noventa, los gastos para las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los últimos meses han visto un cambio, tanto en el ejecutivo como en las repercusiones que la política militar puede tener a nivel regional y continental.
De hecho, el Presidente afirmado muchas veces de querer aumentar su ejército, lanzando, por cierto período, también la idea de crear una especie de “ejército civil." A motivar esta decisión habría la necesidad de defender la patria, como explícitamente declarado por Chávez, según el cual "Estados Unidos quieren dejar a Venezuela desarmada, para poder invadirla más cómodamente." Es cierto que desde Washington ha llegado la prohibición para las empresas estadounidenses de vender armas y sobre todo medios de combate a Caracas, pero además es cierto también que la Casa Blanca le devuelve al remitente las acusaciones, tachando al país suramericano de ser un desestabilizador regional.
El Jefe de Estado ha decidido, por lo tanto, de orientarse hacia otro lugar contactando a Rusia de quien ya se abasteció en precedencia, para adquirir un lote de SU-35, en sustitución de los 21 F-16 ya anticuados. EE.UU. se ha apresurado rápidamente a solicitar conversaciones privadas con Moscú, para discutir la cuestión y probablemente disuadir al Gobierno ruso de la venta.
El otro tema clave de la contraposición entre Venezuela y la Casa Blanca es la cuestión atómica: después del acercamiento entre Caracas y Teherán, muchos analistas han supuesto que también la nación suramericana esté decidida a construirse la Bomba Atómica. Fuentes no oficiales sustentan que, gracias a la presencia de uranio en el subsuelo, y con la contribución de técnicos soviéticos e iraníes, esté desarrollando la tecnología nuclear idónea.
Así pues, Colombia y Venezuela son dos Estados con una tensión casi constante entre ellos, partiendo de la visión del papel de EE.UU. en la región, pasando por la orientación económico-política de la CAN (Comunidad Andina) de la cual Caracas se ha separado recientemente, hasta llegar al supuesto apoyo de Chávez a las FARC.
Sin embargo, difícilmente eso llevará a un conflicto armado: en primer lugar, Colombia no está equipada para misiones externas, y los militares son adiestrados generalmente en operaciones anti-narcotráfico y de represión de la guerrilla sobre el territorio. Venezuela, por su parte, aunque mejor preparada para acciones fuera de sus confines, no está, en todo caso, ni equipada ni adiestrada lo suficiente para una ofensiva, y menos contra un país que podría contar con el apoyo logístico-militar de EE.UU.
Más allá de las consideraciones puramente bélicas, una guerra entre los dos Estados sería negativa para ambos: aunque Chávez, según sus críticos, lleve a la práctica una retórica populista y belicista, su mira siempre está dirigida contra Washington, y siempre manera defensiva, no ofensiva, y no contra el vecino suramericano. Una decisión de este tipo comprometería el favor de gran parte de la población, que no ve en Bogotá una hostilidad tal de empezar un conflicto. Por su parte, Uribe, aunque a menudo crítico hacia el gobierno de Caracas, no puede permitirse, a nivel de imagen, un choque directo tras haber apuntado, en la reciente campaña electoral, sobre el tema de la seguridad y la pacificación interna. Además, las pruebas de una eventual colaboración de Venezuela a la FARC, que podrían proveer una motivación para un conflicto, son débiles y algo más que suposiciones carentes de pruebas que no sean puramente "indicativas".{mospagebreak_scroll title=Conclusiones}
Conclusiones
El único significativo rearme en acto, a día de hoy, es el chileno. Venezuela tiene propósitos en tal sentido, pero en parte la situación económica, en parte la prohibición estadounidense, parece hacer proceder lentamente la modernización y ampliación del ejército. Las otras principales naciones se mantienen sobre niveles iguales a los de los de los últimos diez años y, para la mayor parte, parecen concentradas sobre la seguridad interna, antes que orientadas hacia un contraste con los países cercanos.
El contexto político, efectivamente, vive un período bastante tenso, con una sustancial grieta ideológica y económica, pero se favorece también de un estímulo importante, por parte del Mercosur, hacia la unificación, que debería excluir el riesgo de un posible conflicto armado, cuanto menos entre los miembros de la organización. Un hipotético choque entre los dos bloques parece improbable, dada la desigualdad de fuerzas entre Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela por un lado y Colombia, Ecuador y Perú del otro. En este cuadro, Chile se mantiene a un lado, menos alineado con respecto de Buenos Aires o La Paz, y bastante propenso a posiciones de compromiso entre Norte y Sur del continente, pero, precisamente por esto, difícilmente implicable en una guerra.
También la modernización y el profesionalización de los militares chilenos, que algunos supusieron que pudiera dar vida a una carrera armamentista, no ha producido el temido "efecto dominó", que habría podido realmente revolver los equilibrios regionales.
Quedan dos cuestiones de más difícil valoración.
In primis, el papel de Estados Unidos en Suramérica:
Según algunos analistas y algunos Jefes de Estado, la administración de Washington recita el papel de titiritero que, a través de acuerdos económicos privilegiados (como los que tiene con el Gobierno de Santiago), financiaciones de proyectos con fondo militar (Plan Colombia) e intercambio de expertos (Paraguay), trata insistentemente de "infiltrarse" en la región. Es improbable una invasión de EE.UU., pero sí existe una propensión a "monitorear" la situación del área y la cooperación militar puede ser encuadrada, junto a las iniciativas económicas, en esta óptica. Por ahora, sin embargo, distinto a lo temido por los Gobiernos de izquierda, la Casa Blanca en los últimos años no ha recurrido nunca a los apoyos militares para invalidar los resultados electorales o para cambiar ejecutivos no complacientes, si se excluye la sospechosa participación en el fallido golpe venezolano, y es improbable que en el futuro Washington cambie su línea, mientras que resulta más plausible que continúe con las presiones "soft” implementadas en el último período.
Sin embargo, eso no evita, como sustentan variados politólogos (predominantemente de izquierda), que precisamente la temida injerencia de EE.UU., antes que el miedo de un ataque chileno, pueda ser el muelle que llevará, en futuro, a un mayor rearme sobre la línea de lo sugerido por Chávez.
La otra articulación de considerar con atención es la situación interna de los distintos países:
Todos los Estados han vivido una experiencia no democrática de fondo burocrático-militar, algunos apenas han concluido la transición, al menos por lo que atañe la sumisión definitiva del ejército al gobierno civil (como el caso de Perú, que ha concluido hace poco la reforma de las Fuerzas Armadas). Muchos todavía están viviendo procesos jurídicos post - autoritarios, como Chile y la misma Argentina, en donde aún están tratando de atribuir y sancionar las responsabilidades por las violaciones de los derechos civiles. Aunque, aparte del caso de Santiago, no se encuentren frente a un macizo rearme, no hay que olvidar que las Fuerzas Armadas a menudo han sido el talón de Aquiles de estos Estados. Por lo tanto, deben ser administradas y monitoreadas con atención, de modo que un eventual rearme, o el simple aumento del control severo de los primeros años de democracia se conviertan en una seria amenaza interna.
En conclusión, enigma sic stantibus, parece de excluir, verosímilmente, un futuro conflicto suramericano o interamericano, mientras mayores dudas quedan sobre la situación interna de las naciones, y sobre el papel que los militares jugarán en la política. Sin embargo, los equilibrios interregionales e intercontinentales todavía son frágiles, y a menudo volátiles y mutantes. Cuestiones más generales como el desarrollo económico-social interno a los países y a la integración económico-política regional y factores más particulares como la explotación de los recursos naturales y el empleo del potencial energético, también nuclear, en el área en cuestión podrían constituir en futuro elementos de mayores tensiones.
Autora Lucia Conti .
Fuente: http://www.equilibri.net
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